Después de la elección del Presidente Sebastián Piñera, nadie pensó en su derrocamiento por la fuerza, ni la material de la revuelta ni la simbólica de las leyes. Por enojosa que a algunos resultara su victoria, había tenido la amplitud suficiente para ser indiscutible. La cuestión de la integridad del gobierno comenzó mucho después, y no exactamente el 18-O del 2019, sino, para ser precisos, posiblemente en la noche del día siguiente.
El de ese día quizás no fuese el primer estado de sitio ridiculizado de la historia de Chile, pero permitió alentar la expectativa de que el gobierno podía caer, con La Moneda y la institucionalidad incluidas. El esfuerzo por derrocarlo tuvo su mayor despliegue en noviembre de ese año -el día 12 hubo una alerta para evacuar el Palacio-, pero luego el acuerdo constitucional, el fin de año, la laxitud del verano y, finalmente, la pandemia lo detuvieron a cierta escala. De manera enigmática, eso no sucedió en el Congreso, donde pervivieron las expectativas de que, por vía de la poco glamorosa confrontación legislativa, se llegase a lo mismo.
Primero, disputándole sus atribuciones (el “cogobierno”), luego quitándoselas de hecho (el “parlamentarismo de facto”) y enseguida ensayando un mecanismo jurídico para sacarlo de La Moneda (la acusación constitucional). No todo esto fracasó, porque de hecho el Congreso se apropió desde entonces de atribuciones que la Constitución le restringía.
La historia tendrá que consignar que encontró esos forados en el estado de catástrofe, indispensable para limitar la movilidad, declarar toques de queda y requerir la ayuda de unas reticentes Fuerzas Armadas para combatir el Covid-19. El estado de catástrofe no ha sido materia de gran discusión, pero algunos creen que sirvió para frenar la movilización callejera y otros piensan que abrió el espacio para el despliegue del jacobinismo en el Parlamento. Ese despliegue ha instalado el principio de abjurar del gobierno. Ayudarlo un poco es traición, ayudarlo mucho es crimen.
