El Chile, los tratamientos para combatir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) significan un cuantioso botín para las farmacéuticas.
Solo el año pasado, un total de 12 compañías se adjudicaron un monto bruto de $84.979.209.183 (poco menos del presupuesto de $90.000 millones considerado para la fase inicial de la ley Ricarte Soto), siendo el laboratorio Gador el que se llevó el pedazo más grande de la torta, con $26.106.565.695, según información recopilada de Cenabast, a la cual tuvo acceso El Mostrador.
Le siguen GSK, con $17.508.838.734; Bristol Myers Squibb, con $15.815.871.548; y Merck Sharp & Dome, con $12.352.112.606
De acuerdo al jefe del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida del Minsal, Edgardo Vera, el sistema de patentes “les permite a las farmacéuticas generar una suerte de monopolio a partir de los medicamentos que van generando y le significa al Estado un excesivo gasto para costear el tratamiento de las 61 mil personas que, actualmente, son portadoras del virus”.
Las patentes son un derecho de exclusividad, concedido por el Estado con el objetivo de proteger y explotar una invención. “Una patente es la contrapartida al hecho de proteger una invención mediante reserva o secreto y, como tal, requiere que el solicitante de la patente haga público su invento a través de una solicitud de patente, de forma que un experto en la materia referida por dicha solicitud pueda reproducir la invención. A cambio de publicar su invento, el solicitante obtiene, como se dijo, un derecho que permite impedir, a otros, cualquier forma de explotación comercial de la invención, dentro del territorio de obtención de la patente y por un periodo de tiempo limitado”, señala el portal de investigaciones de la Universidad de Chile.
Sobre la base de lo planteado por Vera, se constata una importante brecha entre los valores que ofrecen las farmacéuticas y los que ofrecen otras organizaciones. Para ilustrar, el fármaco Darunavir (disponible en 400 y 600 mg), utilizado para combatir el VIH, que generó un monto bruto de $2.399.040.000 a la compañía Johnson & Johnson, es ampliamente más caro que el ofrecido por la Organización Panamericana de la Salud.
“Cuando empezamos a comprar el de 600 mg a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el costo pasó de 180 mil pesos a 50 mil pesos. Y resulta que el de 400 mg se lo seguimos comprando a Johnson & Johnsson, pero a principio de año, después de este cambio, aumentó exponencialmente el uso del medicamento de 400 mg, que le pertenece al laboratorio, en vez del de 600 mg. La empresa hizo un desabastecimiento dirigido a ese medicamento y los médicos empezaron a prescribir como locos el del 400 mg”, sentencia una fuente del Ministerio de Salud.
El hecho de haber comprado a la OPS y no a alguna de las 12 compañías farmacéuticas, le significó un considerable respiro a la alcancía estatal. En el caso de Darunavir, se trataría de 4 mil millones de ahorro, por un año de uso.
Sin embargo, esa “excepción” solo pudo hacerse por la suspensión de la patente de Johnsson & Johnsson: eso fue lo que le permitió al Ministerio de Salud “comprar una opción mucho más barata, de manera excepcional, porque con todo el resto de los medicamentos no podemos hacer lo mismo, estamos de alguna forma obligados a pagar el precio de las farmacéuticas”, agrega una fuente del ministerio.
En esa línea, una minuta entregada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con fecha 31 de julio del 2017, refuerza la tesis de que acudir a la OPS implica un sustancial ahorro para el Estado. “Puede informarse que el Ministerio de Salud en conjunto con Cenabast adquirió el medicamento Darunavir Comprimidos de 600 mg al Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, a un valor 5 veces inferior a aquel ofrecido en Chile por el Laboratorio Johnson & Johnson. Dicha gestión fue lograda gracias a la extinción de la patente respectiva y que permitía el monopolio de la empresa antes mencionada a un precio excesivamente alto”, se señala.
Continúa: “Dicho medicamento fue importado por Cenabast, cumpliendo con las autorizaciones sanitarias respectivas otorgadas por el Instituto de Salud Pública, autoridad sanitaria que para estos efectos es la competente en relación al control de los medicamentos que se utilizan en el país”.
Según la representante de la OPS en Chile, la doctora Paloma Cuchi, “nosotros nos basamos en las compras de varios países en conjunto, por lo tanto, los precios que puedes conseguir son mejores. Lo que hace el fondo es que busca medicamentos que sean bioequivalentes y que esté probado que, para la población que los van a utilizar, sean exactamente lo mismo”.
Dichas declaraciones plantean lo mismo que la minuta, en el sentido de que los medicamentos han probado su eficacia .
Cabe recordar que el Ministerio de Salud informó que el número de casos confirmados con VIH aumentó en un 66% entre los años 2010 y 2016. Así, de 2.900 casos confirmados el 2010, en 2016 el número creció a 4.900, lo cual se traduce en un promedio de 15 personas contagiadas con el virus cada día.
Los infectados se concentran en el rango etario de 20 a 29 años y son hombres, principalmente.
