Nacional La Ángela Merkel chilena: propuesta de Bachelet para la nueva ley de inmigración

En los próximos días, La Moneda ingresará al Parlamento un proyecto de ley de migraciones que crea un Registro Nacional de Extranjeros -de carácter reservado- y define un catálogo de sus derechos y deberes en salud, educación y trabajo. La normativa flexibiliza el ingreso y permanencia de los migrantes en el país y -en uno de los puntos que generará más polémica- establece que la comisión de un delito no obligará a una expulsión inmediata.

El clima interno y externo terminó por acelerarlo. A fines de noviembre de 2016, el director de Extranjería, Rodrigo Sandoval, reconocía que una nueva ley de migraciones no sería posible durante este gobierno y decía, por ejemplo, que las condiciones económicas no estaban dadas como para crear una institucionalidad que se haga cargo -con todos sus altos costos- del tema migratorio.
Las palabras de Sandoval no tuvieron demasiado eco dentro del gobierno de Michelle Bachelet, que ya llevaba varios meses diseñando un nuevo proyecto de ley de migración -al que tuvo acceso Reportajes- y que ingresará al Congreso antes del 30 de enero para su tramitación.
En La Moneda intentaron anticiparse a los tiempos. La legislación actual, de 1975, no solo quedó atrás en términos de reflejar las actuales necesidades migratorias del país, también, pensaron en Palacio, se ha hecho necesario regularizar a los actuales inmigrantes y a los que vendrán en el contexto político actual, que en el exterior es justamente regresivo: en Estados Unidos y algunos países de Europa ya hay voces que piden cerrar, al menos parcialmente, los pasos fronterizos. En Chile, el tema lo puso en el tapete la oposición, luego de que el ex Presidente Sebastián Piñera y el senador Manuel José Ossandón demandaran una nueva normativa que expulse en forma expedita a aquellos extranjeros que cometen delitos en el país. La arremetida abrió un flanco que no pocos dudan será un debate intenso en un año electoral.

El proyecto del gobierno -no obstante- tiene énfasis distintos y más bien propone flexibilizar el ingreso y permanencia de los migrantes al crear un Registro Nacional de Extranjeros -de carácter reservado- y establecer un catálogo de sus derechos y deberes en salud, educación y trabajo (ver recuadro), radicando en el Ministerio del Interior la política migratoria del país.

En una de las áreas que genera más polémica sobre el tema, como es el caso de la comisión de delitos por parte de extranjeros, la iniciativa establece que, a diferencia de lo que ha planteado un sector de la derecha, un residente temporal o permanente queda sujeto a las mismas sanciones que un ciudadano chileno y no puede ser expulsado de manera inmediata del país.
En el caso de un migrante que se encuentre en situación irregular, también se proponen modificaciones. Si en la normativa vigente las expulsiones ante situaciones de este tipo son discrecionales por parte de Interior y se hacían a través de decretos, ahora las expulsiones podrán ser apeladas por el o los afectados.
Este último podrá interponer un “recurso jerárquico contra la medida de expulsión” y la autoridad administrativa tendrá que pronunciarse “dentro del plazo de 60 días hábiles”, creando todo un proceso que elimina la expulsión inmediata. Además, si la medida persistiera, aún queda la posibilidad de que el extranjero que está en peligro de ser expulsado pueda recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que tiene un plazo de 30 días más para resolver.
“La migración irregular no es, por sí misma, constitutiva de delito”, versa el artículo 11, titulado “No criminalización”.
Derechos establecidos
Con el aumento y la diversificación de migrantes que llegan al país, uno de los focos de preocupación ha sido el campo laboral.
Antes de dejar La Moneda, el gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto de nueva ley migratoria que fue retirado por la actual administración. Uno de los aspectos cuestionados era la creación de un nuevo estatus migratorio temporal. Ese estatus contemplaba que extranjeros podrían venir al país para hacer “trabajos de temporada” por períodos únicos o interanuales, pero les quitaba la posibilidad de postular a una residencia definitiva en Chile. Una columna de Ciudadano Global, en Ciper, decía en 2013: “Esto pasa por alto cualquier vínculo que puedan entablar en nuestro país durante su estadía, legalizando de esta forma una suerte de importación temporal de mano de obra, de bajo costo y fácil devolución”.

Antes, en 2011, Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, le decía al mismo Ciper: “El inmigrante tiene que estar atado a alguien o a una empresa que diga ‘necesito 55 personas que vengan a trabajar por tres meses y que tengan las siguientes características’. Esa persona tiene que responsabilizarse por esa gente. No solamente desde el punto de vista de traerlos, sino que también de devolverlos. No queremos que se nos utilice para que lleguen al país en forma poco clara, o que se queden acá”. Y agregaba: “Uno no puede decir con esto traigo 100% de peruanos a Copiapó y me ahorro plata. Si el valle de Copiapó requiere 120 personas, nosotros creemos que deben ser 120 personas las que deben entrar, no 180”.

Al proyecto de Piñera se le cuestionaba que se alineaba con una petición de algunos grupos empresariales que también pedían subir la cuota de trabajadores extranjeros en el sector agrícola, desde un 15% a un 25%.
La actual iniciativa es más amplia y flexible en temas laborales. De partida, se elimina la antigua práctica de dar visas de trabajo a quienes tengan contrato vigente, lo que a veces terminaba por generar una relación de dependencia entre empleado y empleador, quien podía usar la existencia de ese contrato para obtener ventajas con sus dependientes. En el proyecto de ley se entregará un permiso de visitante de larga duración, que puede ir de 90 días hasta dos años, independiente de la existencia de un contrato. Es decir, durante ese lapso de tiempo un migrante puede buscar fuente laboral sin tener la presión de ser expulsado si no encuentra un puesto. Además, en esta nueva ley se establecen multas a las empresas que contraten trabajadores en situación irregular. Antes, la responsabilidad recaía solo en el migrante.
En el caso de la salud, la normativa propuesta establece -por ejemplo- que a los extranjeros que estén en situación de indigencia o carentes de recursos se les eximirá del pago de las atenciones recibidas y -cualquiera sea la situación migratoria del extranjero- este tiene derecho en caso de una urgencia vital a ser atendido en un establecimiento público y privado. Lo mismo sucederá si padecen VIH, una ITS o en caso de embarazo.
En educación, en tanto, los extranjeros tienen derecho a ingresar a establecimientos educativos igual que los chilenos, independiente de la situación migratoria de sus padres o la nacionalidad de los mismos.
Además, se garantiza a los migrantes con permiso residente en el país gozar de todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social.
En el caso de los hijos de migrantes nacidos en Chile -independiente de si la situación de los padres es regular o irregular-, tienen derecho a ser inscritos en el Registro Civil y obtener la nacionalidad.
Valorar la migración
El proyecto del gobierno contrasta totalmente con la actual legislación de migración, que fue creada en 1975, en medio de conflictos geopolíticos con los tres países limítrofes. Entonces, la Junta Militar veía a los extranjeros como un problema, incluso como una amenaza, por lo cual no se les otorgaba ninguna garantía. En parte, por eso, dicen desde la actual administración, esta es una de las leyes que más veces ha sido impugnada en tribunales.
Fuentes de gobierno dicen que el corazón de este proyecto de ley -del que aún no se decide cuál será la urgencia con la que pretende ser tramitado en el Congrso- intenta ponerse al día con tratados internacionales sobre el tema, además de establecer una “migración segura”.
El tono del escrito queda marcado desde el primer párrafo. El artículo 1, sobre el valor de la migración para el Estado, dice: “El Estado de Chile valora la migración, particularmente su aporte al desarrollo económico, social y cultural del país y de sus habitantes, reconociendo la libertad de tránsito y el derecho a migrar de conformidad con las disposiciones de esta ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Así es como, dentro de los principios generales, están los de “respetar y asegurar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. También se busca asegurar la inclusión e identidad cultural de los migrantes, garantizar igualdad, no discriminación y un enfoque de género.
Un aspecto clave de la iniciativa es eliminar la discrecionalidad por parte de las autoridades a la hora de permitir el ingreso o la permanencia de un extranjero.
Actualmente, el Ministerio del Interior tiene amplísimas facultades o un “rango de discrecionalidad muy amplio” -según se señala en el propio gobierno- al tomar decisiones sobre si un inmigrante se puede quedar o no. Interior, por ejemplo, puede negarle la visa a un inmigrante sin darle ninguna razón y sin derecho a reclamo. Incluso, la propia PDI, que está a cargo de la entrada y salida de extranjeros en puertos terrestres y aéreos, puede ejercer discrecionalidad en la ventanilla misma de Extranjería. En el gobierno asumen que las facultades de Interior y de la PDI en ambas situaciones vulneran tratados internacionales de DD.HH.
Otro giro fundamental del marco regulatorio propuesto supone superar la actual ley de 1975, que deja en evidencia las prioridades de la época, en el contexto de un gobierno militar. Por ejemplo, la primera causa de expulsión del país tiene que ver con acciones que pongan en riesgo la seguridad nacional. Dice que serán expulsados: “Los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”.
En ese sentido, el actual proyecto elimina el concepto de poner en riesgo la “seguridad del Estado” como algo punible o que sea castigado con expulsión.
La legislación de 1975 también es particularmente dura con “los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, a la trata de blancas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o las buenas costumbres”, y también con “los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social”.
En 2014, cuando Extranjería empezó con una serie de cabildos para encauzar la discusión de una nueva legislación migratoria, Rodrigo Sandoval explicaba a Reportajes la ley que actualmente rige la migración en Chile: “La ley vigente del año 75 se basa en que la inmigración es evitable y que el Estado va a determinar mediante decisiones administrativas quién entre y quién no. También se mira a la inmigración como una amenaza, algo de lo que hay que cuidarse, y por eso el Estado decide, de acuerdo a sus intereses, quién entra y quién no”.
La migración, entre 1975 y 2017, cambió. Queda ver dónde irá definitivamente su nuevo marco regulatorio.

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