otras mas, de las que "pasan piolita"
El martes pasado (12 de mayo) el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.
En efecto, la iniciativa del Ejecutivo parece ser una movida para anular posibles querellas internacionales en contra del gobierno por su actuar durante el estallido social.
Y es que las modificaciones que propone el gobierno dejarían al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores como el primer filtro para aceptar o no la competencia de la Corte Penal Internacional, reemplazando la función que hasta hoy recaía en el Ministerio Público.
El diario El Mercurio publicó el viernes pasado una nota al respecto en la página C-6, bajo el título algo críptico de “Gobierno ingresa proyecto para fijar marcos para la cooperación con el accionar de Corte Penal Internacional”.
En este artículo se presenta la visión del Ejecutivo, pero sin mencionar en mayor detalle que en Europa está avanzando un procedimiento para investigar la responsabilidad de las autoridades del gobierno en la dura represión durante el estallido social.
En efecto, el 2 de enero de este año, un grupo de abogados chilenos en Europa presentó un escrito antela la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional (CPI), acusando a Piñera, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas, además de otros, de graves violaciones a los Derechos Humanos. En este escrito pedían investigar a los nombrados para establecer si habían cometido delitos de lesa humanidad tras el estallido social del 18 de Octubre de 2019.
El 15 de febrero, esa corte comunicó que había recibido el escrito. Y a mediados de abril, el tribunal internacional recibió más antecedentes del grupo, coincidente con la ofensiva gubernamental de cambiar las reglas del juego.
“En el mes de febrero, la Fiscalía de la CPI me informó que estaba evaluando la posibilidad de abrir una investigación y que se tomaría un tiempo en decidir”, afirma el abogado Ricardo Ignacio Bachmann, quien actúa como vocero del grupo de juristas y profesionales que han llevado adelante las acciones ante la CPI.
“No quiero crear falsas expectativas, pero pienso que existen posibilidades de que eso suceda ya que ha habido varias señales en ese sentido, principalmente, la reacción que ha tenido el gobierno de Chile al presentar ese proyecto de ley que pretende obstruir la acción de la CPI”, añadió.