El robo a las arcas de Carabineros –hasta ahora cifrado en al menos $8 mil millones– no debió causar sorpresa en el alto mando. Aunque la jefatura policial informó el fraude con una transparencia que le granjeó elogios, nada ha dicho sobre su propia responsabilidad por no haber actuado más enérgicamente tras conocer más de 40 alertas que en los últimos siete años revelaron graves irregularidades en el manejo de los fondos institucionales, desorden en las cuentas y fallas en los sistemas de fiscalización.
Un total de 39 inspecciones de la Contraloría General de la República y 11 investigaciones periodísticas de CIPER mostraron estas falencias. En la mayoría de los casos, los responsables al mando siguieron sus carreras en nuevos puestos o se vieron obligados a dejar las filas, pero sin perder los beneficios del retiro. Los informes de la Contraloría fueron despachados con copia al Ministerio del Interior, cartera que tiene autoridad para intervenir en Carabineros, pero que en los últimos cinco años, pese al cúmulo de irregularidades denunciadas, nunca lo hizo.