La comisión de Constitución del Senado modificó ayer el rango de penas con que se sancionará a quienes otorguen u obtengan recursos de manera irregular para campañas. Esto es, que los aportes a candidatos o partidos políticos sean por medio de procedimientos distintos a los consagrados en la ley electoral y con montos que excedan el límite permitido en un 50%.
El proyecto del gobierno establecía que quienes infrinjan la ley fueran castigados con penas de presidio menor en su grado medio y una multa equivalente al triple del dinero del aporte. Es decir, una pena de cárcel de entre 541 días y tres años.
La misma pena regía para quienes otorguen u obtengan aportes de empresas, sin importar el monto del aporte.
La sanción incomodaba a varios senadores, por lo que el tema se dejó pendiente cuando el proyecto de Fortalecimiento de la Democracia fue votado en sala, la semana pasada. El Senado acordó entonces que la comisión de Constitución revisaría el texto para buscar una nueva redacción, lo que ocurrió ayer.
La cita se desarrolló con la presencia del ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y fueron los senadores de oposición los que iniciaron el debate. El timonel UDI, Hernán Larraín, señaló que las penas eran desproporcionadas, pues no consideraba el monto de la infracción. Es decir, que daba lo mismo que alguien hiciera o recibiera aportes de $50 mil, como de $ 10 millones.
La solución, que se aprobó por unanimidad, fue establecer un rango de penas de acuerdo al monto del aporte. En base a esta escala, las sanciones irán desde presidio menor en su grado mínimo -es decir desde 61 a 541 días-, hasta presidio menor en su grado medio, que era lo actualmente contemplado por el proyecto. A cambio, se disminuyó a un 40% el monto a partir del cual comienzan a regir las sanciones.
Respecto de los aportes de personas jurídicas, se añadió que, excepcionalmente, tratándose de aportes aislados menores a 50 UF, el Servel podrá prescindir de denunciar la infracción, determinando el pago de un multa. Esto quedará, en todo caso, a criterio del servicio.
“Lo que se buscaba era que hubiera cierto grado de racionalidad y gradualidad de la pena”, explicó el senador Pedro Araya (Ind.-DC), quien valoró la disminución del porcentaje a partir del cual se produce la pena de cárcel, afirmando que “hoy se va a poder sancionar a un número mayor de infractores de la ley”.
El senador, además, hizo ver un posible problema en la aplicación práctica de las sanciones, pues el código procesal penal permite que se llegue a una suspensión condicional del procedimiento en delitos que tengan una sanción de menos de 3 años de cárcel. El tema, sin embargo, no se vio durante la jornada de ayer, pero la comisión acordó revisarlo en el marco de la agenda corta antidelincuencia.
Otra modificación realizada ayer fue que se sumó una disposición para que quien utilice los aportes o fondos obtenidos del Fisco para una finalidad distinta a la cual están destinados, sea castigado con presidio menor en su grado medio.
Pérdida del escaño
La comisión se detuvo en un segundo punto controvertido de la nueva legislación. El proyecto establecía que quienes sufran el rechazo de su cuenta general de ingresos y gastos de campaña, presentada por el administrador electoral del candidato, por diferir en más de un 20% entre lo declarado y lo determinado por el Servel, perderían su escaño.
Los senadores rechazaron en bloque esa medida, argumentando que la ley no contemplaba un procedimiento de reclamo ante la decisión del Servel de rechazar una cuenta, lo que -estimaron- atentaría contra el debido proceso. Se consideró también que existe la posibilidad de que un candidato valorice una actividad de sus adherentes de manera distinta al Servel, por lo que se requeriría un tercero imparcial que dirima. El ente de “apelación” podría ser el Tricel o el consejo directivo del Servel, por ejemplo.
Los asesores de la Segpres se quedaron trabajando en una nueva indicación que se presentará hoy previo a la votación en sala, programada para las 12.30 horas.
