En noviembre de 2014, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) firmó un convenio con el Ministerio del Interior que permite a los inmigrantes acceder a atención médica, mientras completan sus trámites en Extranjería. En marzo de 2016, el organismo amplió la cobertura y, a través de un decreto, comenzó a incorporar a las personas sin documentos ni permisos de residencia. Es decir, a los extranjeros en situación irregular.
Así, Fonasa acredita en el tramo A a los migrantes sin papeles y a quienes estén tramitando sus visas y no coticen. De este modo, el seguro público los cubre como carentes de recursos, o indigentes, y les otorga atención gratuita en hospitales y consultorios.
Sin embargo, quienes tienen visas sujetas a contrato ingresan al tramo que corresponda según ingresos. Los que no tienen empleo, por otra parte, se califican como carentes de recursos. De este modo, los cotizantes con sueldos menores a $ 240.000 ingresan al tramo B; entre $ 264.000 y $ 385.440, al C, y superiores a $ 385.440, al grupo D.
Este convenio viene a corregir la situación anterior de los migrantes, quienes debían esperar la tramitación completa de su visa, que en promedio demoraba cuatro meses, para poder acceder a los servicios sanitarios que provee el Estado.
A más de un año de la incorporación de los extranjeros en situación irregular al sistema, el organismo cuantificó, a diciembre de 2016, cerca de nueve mil personas que se acogieron al convenio de salud gratuita. En específico, 8.943 migrantes que son beneficiarios del seguro público.
De este grupo, 6.411 están amparados en el decreto que acoge a las personas sin permisos de residencia, mientras que los 2.532 restantes corresponden a extranjeros en tramitación de sus visas.
Se trata de un listado, al cual tuvo acceso La Tercera vía Ley de Transparencia, que contempla 45 nacionalidades, en que destacan más de dos mil peruanos, 1.762 bolivianos, 1.461 haitianos y 1.219 colombianos. También aparecen una persona de Angola, cinco paquistaníes y dos sirios (ver infografía).
La directora de Fonasa, Jeanette Vega, explica que de los nueve mil migrantes registrados en el seguro público, 6.707 son afiliados y 2.236 cargas, es decir, sus cónyuges o hijos.
Además, añade que para acreditarse en Fonasa el migrante irregular debe llenar un formulario en el consultorio y presentar una fotocopia de documentos de identidad, para así tener un número de identificación provisorio de atención de salud. Este trámite demora cerca de un día.
“Hacemos esto porque, fundamentalmente, creemos que la salud es un derecho. Pero también hay una razón sanitaria, porque los migrantes no necesariamente vienen de países que tienen la misma protección sanitaria que la nuestra y nosotros debemos asegurar que nuestros indicadores de salud se mantengan”, añade Vega, quien pone como ejemplo el cuidado de enfermedades como la tuberculosis y el sarampión.
La directora sostiene que la cifra para este año “aumentará a medida que crezca la migración en Chile de tipo irregular, porque tenemos claro que está bastante difundido, por las instituciones que acogen a los migrantes, que se tiene el derecho a salud”.
Atención
El Cesfam Padre Vicente Irarrázaval, de Estación Central, se caracteriza por atender a una gran cantidad de haitianos. El centro cuenta con un “facilitador cultural”, que traduce a sus compatriotas ante los médicos y funcionarios.
El director del recinto, Sergio Aguirre, afirma que allí se atienden cerca de 4.200 pacientes de origen haitiano y que existe una alta tasa de natalidad en la comunidad. “La principal demanda es de matronas, control de embarazo, enfermeros que se dedican a ver los cuadros crónicos y trabajadores sociales”, agrega.
Pamela Castro, matrona supervisora del Hospital San José, afirma que “de un universo de 7.400 partos al año, un 27% son de migrantes”. Añade que “no existe ninguna diferencia entre una paciente extranjera y una chilena con el mismo tipo de Fonasa”.
