Nacional Diputados pagaron casi 800 líneas telefónicas con recursos públicos

En el subterráneo, justo abajo de la Sala de la Cámara de Diputados en Valparaíso, un grupo de ejecutivos tiene residencia permanente en una oficina dedicada a atender exclusivamente a los parlamentarios. Se trata de funcionarios de Movistar, quienes ofrecen atención personalizada a los 120 diputados para gestionar modernos aparatos y cientos de líneas telefónicas.

De acuerdo a diversos oficios que Radio Bío Bío obtuvo vía Ley de Transparencia, en 2016 los diputados declararon un total de 788 líneas de celulares e internet móvil con cargo a la asignación parlamentaria. Esto significó un desembolso de más de $389 millones con cargo al Fisco, suma que entre enero y marzo de este año superó los $100 millones, con unas 690 líneas activas. A la luz de estos datos, cada diputado presenta un promedio cercano a seis dispositivos móviles, aunque en algunos la conectividad se dispara.

Ese es el caso de Iván Fuentes, diputado por Aysén de la Democracia Cristiana (DC), quien lidera el ránking en cuanto a número de líneas. El registro de la Cámara indica que en 2015 rindió 21 celulares por un total de $15.391.915. El año pasado, en tanto, subió a 27 líneas, totalizando gastos por casi $11 millones, mientras que entre enero y marzo de este año ha declarado 23 líneas activas. Fuentes tuvo cinco asesores en 2016 y este año redujo su equipo a cuatro personas.

Radio Bío Bío intentó contactarlo mediante diversas vías, pero el diputado por Aysén no respondió. En una de sus 23 líneas, sin embargo, contestó una persona que se identificó como su familiar, sin entregar mayores antecedentes. Sus asesores, en tanto, tampoco estuvieron disponibles para dar comentarios.

Tras cuatro solicitudes de información realizadas por este medio durante abril, la mesa de la Cámara activó un plan de fiscalización y dio plazo a los 120 diputados hasta esta semana para que presenten una declaración jurada que detalle el uso de cada uno de sus números telefónicos financiados con cargo a la asignación. Además, la Corporación inició un proceso de auditoría interna al uso de las asignaciones parlamentarias. El resultado de la revisión, que aseguran se realiza por primera vez, estaría listo durante el segundo semestre de este año.
“He tomado la decisión, como presidente, de exigir una declaración jurada de cada parlamentario respecto de sus líneas contratadas, determinando y notificando quién es el asesor que hace uso de cada línea”, dice Fidel Espinoza, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Socialista (PS). “Esto va en línea con lo que ocurría antes con los pasajes liberados de avión, que terminaban siendo ocupados por cualquier persona que no tenía vinculación con la labor parlamentaria. Esa situación finalmente se ajustó y reglamentó de tal forma que hoy los pasajes no pueden ser otorgados a quien no esté en la planilla de contrataciones. Con los teléfonos queremos hacer lo mismo”, agrega.

En privado, en los pasillos del Congreso se acusa un mal uso de la asignación, pues habrían parlamentarios que financian líneas para familiares con cargo fiscal. Es más, afirman que durante las últimas semanas algunos diputados habrían optado por modificar las líneas que mantenían con Movistar, y en algunos casos con Entel, cerrándolas o traspasándolas a su dieta como gasto personal, tras enterarse de las solicitudes hechas vía Transparencia.

Consultado sobre el mismo tema, el Senado optó por no transparentar la cantidad de celulares que mantiene cada senador con cargo a este ítem.

“La regulación de esta materia emitida por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias no obliga a llevar un registro de teléfonos celulares, no restringe el uso de este ítem a un número máximo de aparatos, no impide que el Senador, con cargo a la mencionada Asignación, proporcione un celular a una persona que tenga contratada el Senado para colaborar en el desempeño de su función parlamentaria, ni lo limita en cuanto al reemplazo de los teléfonos”, respondieron desde la Cámara Alta, agregando que recabar dicha información “obligaría a distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”.

Diputados hiperconectados

De acuerdo a los registros de la Cámara, la segunda diputada con más celulares es Karol Cariola, del Partido Comunista (PC). La parlamentaria rindió 16 líneas móviles en 2016 y mantiene 14 activas en lo que va de este año. Cariola aclara que todos sus asesores (a marzo de este año contabiliza nueve) tienen teléfonos y agrega que cuenta con otros aparatos para quienes se integran a su equipo de manera itinerante y voluntaria. Junto a eso, detalla que utiliza un celular y un plan de datos para iPad con cargo a la asignación.

“Son teléfonos que están a disposición del trabajo territorial. Por ejemplo, tenemos un sistema de georreferenciación que requiere de un aparato móvil para ir identificando los lugares que vamos visitando”, dice Cariola. “Registramos las organizaciones con las que nos relacionamos, los compromisos asumidos, es la base de nuestro trabajo territorial, por eso tenemos un uso importante de tecnología”, añade.

Después de Fuentes, Karol Cariola fue la diputada que más gastó en este ítem en 2016: $ 9 millones.

“Yo tengo respaldada cada línea y además todas las tengo contratadas desde la Cámara. Ese es un punto a considerar (…) Ningún diputado puede hacer que sus trabajadores tengan que costear de su bolsillo sus líneas telefónicas”, explica la parlamentaria PC.

La tercera diputada con más líneas en 2016 fue Cristina Girardi, del Partido por la Democracia (PPD). Ese año el equipo de asesores de la parlamentaria fluctuó entre 10 y 12 personas, para 15 líneas activas. Situación distinta es la diputada Marcela Hernando, del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), quien junto a Fuentes presenta una de las mayores brechas entre el número de celulares que reportó la Cámara (10 este año) y sus asesores (cuatro en 2017).

“Diría que la información que reportó la Cámara no es correcta”, alega Hernando, agregando que tiene “ocho líneas de teléfono que funcionan como celular y una línea de internet que está en Antofagasta”.

Después de Girardi, Daniel Farcas (PPD) y Gustavo Hasbún, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), son los que más líneas registraron en 2016, con 14 y 13 móviles, respectivamente.

El diputado de la Nueva Mayoría asegura que el año pasado tuvo un máximo de 10 líneas, incluyendo internet, y que actualmente solo tiene seis. Hasbún, en tanto, el año pasado tuvo seis asesores y explica que algunas de esas líneas correspondían a planes de internet. Además, precisa que desde mediados de 2016 decidió cambiar la fuente de financiamiento.

“Tenía nueve celulares por asignación y cuatro con cargo a la dieta parlamentaria: míos, de asesores y un ppi de la PDI que prestaba servicio de seguridad para mí”, explica Hasbún. “Desde mediados del año pasado no están siendo pagados por la Cámara. Decidí ser candidato a senador y para no tener problemas y ser transparente, era mejor que los pagara personalmente a través de la dieta”, comenta.
La nómina de la Cámara indica que el año pasado el mayor gasto por una sola línea lo generó la diputada Clemira Pacheco, del PS, con $2.341.398. Entre enero y marzo de este año la línea más cara es una del diputado Joaquín Tuma (PPD), con $1.555.519.

¿Control de gastos?

Mensualmente, y adicional a la dieta de $ 6.657.000, cada legislador dispone de una asignación destinada a financiar los gastos necesarios para su labor. Esta considera $6.261.780 para personal de apoyo, $ 2.399.648 para asesorías externas y $ 5.939.128 para gastos operacionales como oficinas, traslación, correspondencia, difusión, actividad distrital y telefonía.

Para echar mano a esta asignación los parlamentarios deben rendir mensualmente sus gastos y respaldarlos con boletas o facturas. Pero ello no ha sido suficiente y en el Congreso se ha abierto un foco de dudas respecto al correcto uso de los recursos.

Por norma, las rendiciones que realizan los diputados de los gastos asociados a las asignaciones parlamentarias quedan sujetas al control del Comité de Auditoría Parlamentaria. La regulación estipula que cualquier situación no prevista “deberá ser debidamente comunicada al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para su pronunciamiento y resolución”. Esto es algo que el presidente planea realizar.
“Me preocupa enormemente que los estamentos que debieron fiscalizar este tema no lo hayan visualizado con anterioridad para haber puesto una luz de alerta”, dice Espinoza. “Así hubiéramos visto que aquí podía haber un eventual hecho irregular. Nos preocupa porque son fiscalizadores cuya función es revisar minuciosamente todas las cuentas (…) No me cuadra, como presidente, que no se hayan dado cuenta que aquí podría haber un flanco que puede ser motivo de cuestionamientos de carácter publico que es negativo para la Cámara”, agrega.

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